domenica 11 maggio 2014

Visti dalla Spagna: El Paìs sull'Ilva di Taranto

La ciudad envenenada de Italia


Pablo Ordaz, Taranto, 10 mayo 2014

¿Salud o trabajo?, les plantearon durante años, y ellos se creyeron que no había otra alternativa, y entre el peligro de una enfermedad probable y el hambre inmediata de sus hijos, eligieron seguir trabajando en la gran fábrica de acero instalada al costado de sus casas. Y ahora están aquí, llevando al reportero de un lado a otro a través de un barrio pintado de marrón para disimular el polvo de hierro que llueve lentamente sobre sus cabezas. Y desde el cementerio a una escuela infantil donde está prohibido jugar en los jardines, envueltos en cinta naranja como regalos envenenados, se paran delante de la placa que mandó colocar el señor Corisi en la fachada de su casa aquel día que los médicos le avisaron de su destino inminente: “Enésimo fallecido por neoplasia pulmonar. Tamburi (Taranto). 8 de marzo de 2012”.
En realidad, Giuseppe Corisi quería que, en vez de “enésimo”, su esposa Graziella y sus hijas Stefania y Sabrina pusiesen el número exacto que a él le correspondía en la larga lista de los caídos por culpa de los efluvios de la planta de Ilva, el grupo siderúrgico más grande de Europa. Pero ni entonces hubo, ni todavía hay, manera de encontrar el dato exacto. Solo un informe encargado hace un par de años por la fiscalía de Taranto, una ciudad de casi 200.000 habitantes en la región de Puglia —en el tacón de la bota italiana— arroja una idea del desastre silenciado. Desde 2005 a 2012, unas 11.000 personas fallecieron por enfermedades —principalmente cardiovasculares y respiratorias— provocadas por los vertidos sin control de sustancias cancerígenas como las dioxinas y los benzopirenos.
La fiscalía sostiene que la familia Riva, dueña desde 1995 de la acería que hasta entonces había pertenecido al Estado, es la responsable de “una constante y repetida actividad contaminante realizada con conciencia y voluntad, por deliberada elección de los propietarios y directivos”, pero no solo de eso. De las interceptaciones telefónicas practicadas se desprende que también invirtió una parte de los grandes beneficios de una planta que produce 28.000 toneladas de acero al año, da trabajo directo a 12.000 personas e indirecto a 8.000, en tejer una red de sobornos y favores en la que supo atrapar hasta al obispo. Literalmente.
“Las autoridades dejan que se violen las normas”, asegura un maestro
“¿O usted quién cree que levantó esta parroquia tan nueva en este barrio que se cae a pedazos?”. Gianfranco Carriglio fue de los primeros vecinos de Tamburi que se armaron de valor y, ante la reticencia e incluso la hostilidad de los sindicatos, denunció los efectos venenosos de la gran fábrica de acero. Un simple paseo desde la parroquia de Jesús Divino Trabajador hasta la escuela infantil Maria Grazia Deledda, situada a solo unas decenas de metros de la chimenea siderúrgica más alta de Europa, permite comprobar muy gráficamente hasta qué punto el sur de Italia es víctima todavía de un sistema corrupto, lento e ineficaz que siempre golpea a los más débiles.
“Mire”, dice Carriglio, “en ese portal vive un niño pequeño que ahora está recibiendo quimioterapia por la leucemia, nieto de un trabajador del Ilva que murió de cáncer. Pero en aquel otro portal de allí enfrente vive un chaval al que ya le han detectado un tumor en la próstata y no tendrá ni nueve años. Es difícil encontrar una casa donde no haya algún enfermo de cáncer o de asma, pero curiosamente en el hospital de Taranto no hay un servicio de oncología pediátrica y, por tanto, tampoco un registro de casos. ¿Y no se ha dado cuenta de que los jardines están rodeados de una cinta naranja y de un cartel con la ordenanza municipal que prohíbe entrar y sobre todo jugar o hacer ejercicio? La ley dice que es peligroso entrar en los parques, pero no vivir alrededor. Y todavía no ha visto lo mejor…”.
La factoría emplea a 12.000 personas y a otras 8.000 de forma indirecta

Malas prácticas

  • La acería de Ilva perteneció al Estado italiano desde su apertura en 1965 hasta 1995. Desde entonces es propiedad de la familia Riva.
  • Los estudios encargados por la justicia revelan los peligros para la salud derivados de las malas prácticas de la factoría.
  • Ocho directivos de la empresa fueron detenidos hace dos años, entre ellos el patriarca de la familia.
De los labios de Gianfranco, 66 años de edad vividos en su mayoría en el barrio, antes incluso de que se pusiera la primera piedra de la acería, brota una ironía amarga, un comentario de fastidio y hasta de vergüenza por tener que mostrar a un periodista extranjero el colmo de la indignidad: “Mire, esa es la escuela. Una escuela infantil con los patios clausurados por las cintas naranjas y la prohibición expresa de que los niños jueguen al aire libre. Cuando los muchachos vuelven a casa, sus madres tienen que lavarles la cara porque la traen brillante del polvo del mineral. Como si vinieran de una fiesta”.
Ni a los partidos políticos ni a los sindicatos ni tampoco a Nichi Vendola, presidente de la región de Puglia desde hace nueve años, líder de un partido que se llama Izquierda, Ecología y Libertad (SEL), se les ha ocurrido trasladar, al menos, la escuela de sitio, protegerla de la brisa del norte que lleva hasta el recreo las partículas de mineral y los gases contaminantes de la fábrica de acero. Según un estudio encargado por Alessandro Marescotti, presidente de Peacelink, la primera asociación que denunció los peligros de Ilva, “los niños del barrio de Tamburi respiran un aire tan contaminado que sufren los mismos efectos que si fumaran 1.000 cigarrillos cada año”. Desgraciadamente, nadie ha desmentido el informe.
De 2005 a 2012 han muerto unas 11.000 personas por los vertidos sin control
Marescotti, maestro de profesión, dispara datos de espanto: “Los gramos de dioxinas que produce Ilva, y que están por encima de los permitidos, superan los de España, Reino Unido, Grecia y Austria juntas. Pero si estos datos son difíciles de entender, tal vez estos no: aquí tenemos prohibido comer el queso de nuestras ovejas o probar nuestros mejillones [aunque las mafias sigan controlando su venta en cada esquina y las autoridades permitiéndolo] y está prohibido apacentar a los animales a 20 kilómetros a la redonda. Tampoco a las madres se les recomienda dar de mamar a sus hijos, porque se ha detectado veneno en la leche materna… La clave del asunto es que las autoridades italianas, a diferencias de las alemanas, han permitido durante años que la producción siguiera sin atenerse a las normas de seguridad. Y ahora ya es demasiado tarde y costoso”.
La doctora Annamaria Moschetti es una de las pediatras que más ha estudiado los efectos perniciosos de la planta siderúrgica sobre la salud de los vecinos de Taranto y, en especial, del barrio de Tamburi. No le gusta hacer conjeturas sobre el número de muertes, pero sí quiere dejar claro que, tras los estudios encargados por la justicia, ya no queda duda científica del peligro para la salud que han provocado las malas prácticas de Ilva. De ahí que la justicia ordenara hace dos años la detención de ocho directivos de la empresa familiar, incluido el patriarca, Emilio Riva, fallecido hace unos días a los 88 años.
Ilva, la mayor fábrica de acero de Europa, linda con una escuela infantil
Por tanto, lo que la doctora Moschetti denuncia es que el Estado italiano, gobierno tras gobierno, siga poniendo en la misma balanza los intereses estratégicos de la industria del acero con las vidas de los vecinos de Tamburi: “Si Italia no es capaz de garantizar una producción de acero presentable sin poner en peligro la salud de los niños, que pare la producción, que se dedique a otra cosa. Y ahora permítame que no le hable como médico, sino como una madre de familia con sentido común: ¿cuántos kilos de acero hacen falta para compensar la muerte de un niño?”. (El Pais)
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Un po' di notizie precedenti dello stesso giornale:

Trabajo envenenado en el sur de Italia

Se trata de un duelo con la salud y el trabajo como testigos. De un lado, la fiscalía de Taranto, una ciudad de 195.000 habitantes en la región de Puglia (sur de Italia). Del otro, los directivos de Ilva, uno de los grupos siderúrgicos más grandes de Europa, acusados de sobornar a técnicos y políticos para evitar los controles ambientales que responsabilizan a la planta —con una producción de 28.000 toneladas de acero al año— de los vertidos tóxicos que causan enfermedades y muertes en la zona. Tras el arresto de siete directivos, la siderurgia ha enviado a casa a los 5.000 empleados de Taranto y amenaza con hacer lo mismo con otros 12.000 en toda Italia. Los trabajadores han ocupado la acería.
La situación amenazaba con explotar desde hace cuatro meses justos, cuando la fiscalía ordenó las primeras detenciones, entre ellas la del patriarca del grupo, Emilio Riva, de 86 años, en arresto domiciliario desde entonces. Entre los ahora detenidos se encuentra Girolamo Archinà, exresponsable de las relaciones externas de la planta, quien fue sorprendido hace dos años en una gasolinera mientras entregaba un sobre con 10.000 euros a Lorenzo Liberti, por aquel entonces perito de la fiscalía, para que hiciera la vista gorda (según la empresa, aquel dinero era una inocente donación para la diócesis). Se trata, según los investigadores, de apenas un detalle.
La poderosa familia Riva –dueña de Ilva desde 1995-- y sus directivos de confianza están acusados de asociación para delinquir y de corrupción. No solo se les acusa de provocar el desastre ambiental por el vertido de toneladas de sustancias cancerígenas (entre ellas, dioxina y benzopireno). También de contaminar con dinero sucio las voluntades de técnicos y políticos de todos los partidos, incluido —según la fiscalía— el presidente regional de Puglia, Nichi Vendola, quien el pasado domingo salió derrotado de la primera vuelta de las primarias que celebró el centro-izquierda. Vendola, destacado defensor de los derechos civiles, niega de plano las acusaciones, si bien en este caso su postura —como la de tantos otros políticos y vecinos de Taranto— se encuentra atrapada en un dilema mortal: salud o trabajo. De ahí el lema acuñado por los operarios: “El paro también mata”.
El lema de los operarios es “El paro también mata”
Aunque no se sabe si tanto. Un informe de la fiscalía sostiene que la contaminación provocada en tierra, agua y aire por la planta siderúrgica está relacionada con 11.000 muertes en los últimos siete años. A pesar de las numerosas denuncias, y de un plan de saneamiento presentado por el Gobierno para intentar compaginar trabajo y salud, las chimeneas siguieron funcionando como si tal cosa. Según las acusaciones de los fiscales, la familia Riva decidió que era más fácil y más barato reciclar los informes y sobornar a las autoridades que acometer las reformas aconsejadas por el plan Aia (autorización integrada ambiental).
Ahora, ante la acción de la fiscalía, que además de la detención ha paralizado parte de la planta e incautado la producción, y la dura reacción de la empresa —que ha convertido a los trabajadores en moneda de cambio—, el Gobierno no ha tenido más remedio que reaccionar. El primer ministro Mario Monti ha convocado una reunión el jueves en el Palacio Chigi, y su ministro de Medio Ambiente, Corrado Clini, ha asegurado que para entonces estará listo un decreto de urgencia que desbloquee la situación. Entre tanto, los trabajadores de Taranto siguen encerrados en la planta y sus compañeros del resto del país están empezando a bloquear carreteras y a tomar las calles. La ministra del Interior, Annamaria Cancellieri, ha vuelto a decir por segunda vez en pocas jornadas que teme por el orden público. Los 12.000 trabajadores de Ilva, por su trabajo y la salud de sus familias. (ElPais)

Un tornado arrasa la siderurgia de Italia clausurada por vertidos tóxicos

El lunes, siete directivos de la planta siderúrgica de Ilva en Taranto fueron detenidos por presuntos sobornos a técnicos y políticos para ocultar los graves vertidos tóxicos que están provocando enfermedades y muertes en esa zona del sur de Italia. En venganza, la empresa paró la producción y mandó a sus 5.000 empleados a casa. El martes, los trabajadores se encerraron en las instalaciones y se conjuraron para defender a sangre y fuego su puestos de trabajo. Pero el miércoles, el tornado que azotó la ciudad centró su furia sobre la acerería, hiriendo a 20 trabajadores, derribando una chimenea y arrojando al mar una de las grúas. El operario que la manejaba está desaparecido.
El rayo que cayó sobre una de las chimeneas tocó dos cables de alta tensión, provocando una fuerte explosión. Las imágenes reproducidas por la televisión italiana muestran el tornado abatiéndose sobre la zona industrial de Taranto, una ciudad de 195.000 habitantes pendiente desde hace meses de la suerte de una acerería que, además de 28.000 toneladas de acero al año, produce ingentes cantidades de residuos cancerígenos. Según distintos informes, los vertidos de la siderurgia están relacionados con la muerte de 11.000 personas en los últimos siete años. Aun así, los 5.000 trabajadores y sus familias tienen claro que prefieren un trabajo envenenado a no tener que llevarse nada a la boca.
Por eso durmieron sobre sus puestos de trabajo la noche del martes al miércoles, y allí pensaban quedarse hasta el jueves, que tenían previsto marchar sobre Roma para exigir al Gobierno de Mario Monti que les ofreciera una solución. Fue entonces cuando el tornado se desplomó literalmente sobre sus cabezas. El fuerte viento derribó una torre de cemento de unos 80 metros de altura, partiendo los cables de alta tensión y dejando sin energía la planta. La dirección de la empresa pidió a los trabajadores que abandonaran su protesta ante el temor de que se produjeran explosiones. De hecho, en un primer momento se pensó que la planta se había incendiado, pero enseguida se aclaró que las llamas que se divisaban desde la ciudad pertenecían a las chimeneas de seguridad. De los 20 trabajadores evacuados, solo cuatro sufren heridas de cierta consideración. Los buzos del cuerpo de bomberos de la cercana ciudad de Bari localizaron bajo el mar, a unos 20 metros de profundidad, la grúa derribada por el tornado, pero aún no han logrado encontrar al operario desaparecido.
El tornado, no obstante, ha logrado que todas las autoridades italianas, desde las políticas a las religiosas, hayan tenido que manifestarse sobre la situación de más de 20.000 familias —entre empleos directos e indirectos— cuya subsistencia, además de su salud, peligra. “El cierre de la acerería de Ilva en Taranto”, ha dicho Corrado Clini, el ministro de Medio Ambiente, “tiene efectos sociales enormes. Es irresponsable dejar a tantas familias sin sustento”. El gobierno técnico parece decidido a publicar un decreto con carácter de urgencia para obligar a la empresa a reanudar la actividad y, al tiempo, someterse al plan ya elaborado para compaginar la producción de acero y el respeto del medio ambiente
El respeto a las normas es otra cosa. Según la fiscalía de Taranto, la poderosa familia Riva, dueña de una de las siderurgias mayores de Europa, trató de comprar mediante sobornos la voluntad de técnicos y políticos locales para que la factoría, a pesar de arruinar el medio ambiente, siguiera abierta. Los más expuestos a las malas prácticas son los trabajadores a sus familias. Pero, ante la posibilidad de quedarse sin trabajo, acuñaron un lema que están dispuestos a defender con más fuerza que un tornado: “Ilva no se cierra. El paro también mata”. (ElPais)

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